Los conflictos en el Mediterráneo: notas sobre el disenso greco-turco Alfons Cucó (Universitat de València) Entre la muy variada tipología de conflictos que aún hoy continúan presentes en la cuenca del Mediterráneo -un mundo extraordinariamente complejo y difícil de reducir, pese a los tópicos habituales, a una visión unificada- la cuestión greco-turca resulta quizás la de mayor duración histórica. Es consecuencia, al mismo tiempo, de la memoria de la centenaria dominación otomana sobre los Balcanes, y de las especiales características que se han ido reuniendo entorno a los procesos de liberación nacional del muy heterogéneo conjunto de pueblos existentes en aquel escenario. Muchos de los actuales problemas del área -y no solo en el caso del específico conflicto greco-turco- hunden sus raíces en un pasado especialmente vivo y solamente pueden comprenderse con una perspectiva histórica. La conquista y la prolongada ocupación por parte de los turcos de una notable extensión de la Europa central y oriental -desde la Krajina (literalmente: la frontera) hasta la propia Anatolia introdujo en todos estos territorios una determinadas concepciones del mundo que frecuente se separan de las pautas habituales de conducta -y de la evolución histórica de tales pautas- de Europa occidental. En contraste con los imperios occidentales configurados a partir de la expansión ultramarina del siglo XVI, el turco se estructuró como un imperio contiguo en un territorio caracterizado por una notable heterogeneidad étnica. La creciente presencia demográfica turca en toda la Rumelia (es decir, en la Turquía de Europa) contribuyó a acentuar todavía más este carácter de territorio étnicamente heterogéneo. Pese a que los turcos no impusieron por la fuerza el monolitismo religioso -el Sultán, por el contrario, acogió en su Imperio a buena parte de los judíos expulsados por los Reyes Católicos-, la ley islámica, que no admite las identidades nacionales sino únicamente las religiosas, compartimentó el Imperio Otomano en diferentes comunidades: la musulmana, en primer lugar, la judía, la armenia, la ortodoxa. Estos últimos, con personalidad jurídica reconocida, vieron durante siglos la figura del Patriarca de Constantinopla no solo como su cabeza espiritual, sino como su representante nacional (etnarca). El estatus religioso - o si se quiere etno-religioso- configuró también un estatus jurídico y civil. Los rayah -es decir, los súbditos no musulmanes de la Sublime Puerta- estaban sujetos a un régimen especial de tributación, mucho más oneroso, y tuvieron fuertemente limitados sus derechos: no podían llevar armas ni montar a caballo, su testimonio no era admitido en los tribunales de justicia y frecuentemente se vieron obligados a llevar vestimentas especiales. Forzados a reclutamientos extraordinarios, como el de proporcionar un número determinado de marineros (galiondjis) a la flota turca, tuvieron que entregar obligatoriamente niños de entre seis y quince años para ser educados en la religión islámica. Se convertían así en genízaros, la elite del ejército otomano. El despertar nacional de los pueblos balcánicos se produjo en un escenario lleno de singularidades donde la geografía y el laberíntico mapa étnico -o etnoreligioso, según los casos- han tenido un papel esencial. En el caso griego, la guerra de la independencia (1821-1833) no fue sino una primera guerra de la independencia que solamente liberó un fragmento del que los helénicos entendían como su territorio nacional. Tal circunstancia -el irredentismo- potenció la megali idea, el gran proyecto nacional griego, definido por el primer ministro Epirote Kolletis entorno a 1840, y que no era cosa que la voluntad de reunir en un futuro a todos los griegos dentro de un Estado nacional griego, concebido inicialmente solamente para griegos. Esta concepción panhelénica ha sido uno de los principales motores de la Grecia contemporánea y ha engendrado un sempiterno conflicto, primero con el decadente Imperio Otomano, y posteriormente con la República de Turquía. Un disenso, por otra parte, que pese a haberse estabilizado relativamente con una fijación estable de las fronteras en 1947, precedido por un drástico -y sin lugar a dudas dramático- transvase de poblaciones greco-turcas en 1923, tiene todavía abierta la cuestión de Chipre y otros contenciosos de carácter geopolítico y geoestratégico que serán tratados con posterioridad. En todo caso una cuestión no menor ya ha sido sugerida. Bajo el imperio otomano se instauran unos principios, inspirados en preceptos coránicos, de separación religiosa -de separación sin duda desigual- que han tenido una larga duración y que, en algunos de sus rasgos, todavía perduran. La alta frecuencia de los enfrentamientos bélicos, la tensión latente en los periodos de "ni paz ni guerra", una memoria histórica siempre alerta, los contenciosos no cerrados, son hechos que han contribuido a mantener la imagen del "otro" no solo como un hipotético enemigo exterior, sino también -en el caso de minorías enclavadas en el mismo Estado- como enemigo interior. Es esta una visión de "quinta columna" que ha contribuido todavía más a alimentar las percepciones hostiles entre unos y otros. En el año clave de 1923 -cuando las tropas griegas fueron finalmente derrotadas en Anatolia por Ataturk, y los griegos se vieron forzados a abandonar el proyecto de la megali idea- el Tratado de Lausana mantuvo todavía las viejas concepciones otomanizantes que solamente concebían la existencia de minorías religiosas y no se hizo en absoluto eco de nociones como la de "minoría nacional", concepto y lenguaje por otra parte usual en los textos y los debates coetáneos de la Sociedad de Naciones. Pese a que hace casi tres cuartos de siglo los términos del Tratado aparecían ya como completamente desfasados -tanto desde una perspectiva jurídica como desde una perspectiva política- lo cierto es que su filosofía no ha sido aún derogada ni en Grecia ni en Turquía. Respondiendo a una encuesta de la Comission Européenne pour la Démocratie par le Droit en el año 1993 sobre si la expresión "minoría" (u otro equivalente) era utilizado en la Constitución, en las leyes o en la jurisprudencia, el gobierno griego remitía, como única fuente de protección jurídica de la minoría musulmana de Tracia occidental, a los artículos 27 al 45 del Tratado de Lausana de 1923. Grecia, en consecuencia, no había avanzado ni un milímetro desde la última guerra greco-turca, en la aceptación de otra concepción de las minorías que no fuese la estrictamente religiosa. No será necesario decir que las concepciones turcas eran absolutamente idénticas. Para el gobierno turco todas estas cuestiones se habían cristalizado también en 1923. Deberíamos, sin embargo, establecer ciertas matizaciones que no son precisamente menores, si nos atenemos a la citada encuesta. Aunque Grecia continúa sin reconocer cualquier tipo de minoría que no sea la estrictamente religiosa, pese a todo confería a dicha minoría religiosa ciertos derechos lingüísticos (lo que no deja de ser una benévola aunque flagrante contradicción). Por su cuenta Turquía, aún reconociendo la teórica existencia de tres "comunidades" religiosas -la ortodoxa griega, la armenia y la judía- no hacía ninguna concesión equiparable. Quizás por que los griegos que permanecieron en Turquía después de 1923 -en Estambul y en las pequeñas islas de Imbros y Tenedos- habían retornado prácticamente todos a Grecia; los armenios habían sido exterminados o expulsados, y los judíos sefarditas solamente conservaban su arcaico castellano como pura reliquia (la historia de los judíos catalanófonos continúa siendo un misterio al menos para el autor de estas páginas). En todo caso, y seguramente amparándose tanto en el concepto de minoría "religiosa" como única a considerar, como en el radicalismo del unitarismo kemalista, Turquía niega -literalmente a sangre y fuego- el más mínimo derecho al pueblo kurdo. Desde su independencia en 1830 Grecia ha experimentado determinados temores respecto a su nuevo vecino y antigua potencia ocupante, el Imperio Otomano, que después se convirtió en Turquía, que ha sido percibida siempre como una amenaza. Diversos conflictos armados enfrentaron largamente a los dos Estados, el más virulento de los cuales fue la guerra de 1920-1922, que finalizó con el Tratado de Lausana, que comportó un acuerdo obligatorio de intercambio de poblaciones, que afectó a 600.000 turcos musulmanes y a 1,5 millones de griegos ortodoxos. La II Guerra Mundial, seguida en Grecia por una sublevación comunista y una guerra civil que no finalizó hasta 1949, y la amenaza que constituían para el mundo occidental la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, abrieron nuevos escenarios en todos los órdenes. Tanto Grecia como Turquía se convertían en teóricos aliados en el seno de la OTAN y las relaciones bilaterales conocieron algunos años de calma relativa. Sin embargo poco después, a partir de los últimos años cincuenta, Chipre -problema del que se tratará inmediatamente- se convirtió de nuevo en un factor de desintegración. La invasión turca del norte de la isla en 1974 y la larga ocupación militar resultante convirtieron a Turquía, desde el punto de vista griego, en la mayor amenaza para su seguridad nacional. El hecho que la OTAN no actuase para proteger a los chipriotas griegos contra las fuerzas armadas invasoras turcas acrecentó su impopularidad entre los griegos, una impopularidad en todo caso muy presente desde el establecimiento de estrechos vínculos entre la OTAN y la dictadura de los coroneles durante los años 1967-1974. Para Grecia Turquía ha comenzado a poner en marcha, desde los inicios de los años 90, un vasto y ambicioso programa de reestructuración y modernización de sus fuerzas armadas, al tiempo que desarrolla su base industrial-militar nacional que está en condiciones de construir aviones de caza y de transporte, vehículos blindados de combate, fragatas y equipos electrónicos, mientras perfecciona su capacidad de producción de carros de combate, misiles y helicópteros. El IV ejército turco, que no está adscrito a la OTAN, que dispone de la mayor fuerza de desembarco no oceánica del mundo (110 navíos) y que está desplegado en la frontera occidental de Turquía, frente a las islas griegas del Egeo, es otro tema de inquietud para Grecia, que no excluye la posibilidad que Turquía se apodere de las islas griegas situadas en la parte oriental de dicho mar. Invocando el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Grecia ha fortificado y militarizado algunas de sus islas en este mar . Según fuentes griegas grandes unidades de las fuerzas armadas turcas se hallan igualmente establecidas en la zona litoral frente a Chipre, prontas para pasar a la acción si fuese necesario. Al mismo tiempo una importante porción de las fuerzas armadas turcas está desplegada frente a la Tracia oriental griega, es decir la región en la que habita la minoría musulmana. En la actualidad Chipre constituye probablemente el conflicto más agudo dentro del tradicional disenso greco-turco. Los esfuerzos desplegados desde hace décadas por la secretaría General de las Naciones Unidas para conciliar las posiciones de las dos comunidades de la isla -y de sus respectivos Estados de referencia- no han dado hasta el momento resultados positivos. Sin embargo la necesidad de una reconciliación aparece hoy más urgente que nunca, ya que se han establecido los marcos para la adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea, que Nicosia propuso en 1990. El rápido declive de la economía y del nivel de vida en la parte norte de la isla -la ocupada por Turquía- es otro factor que invita igualmente a la reconciliación. Sin entrar en excesivos detalles será necesario recordar ahora algunos de los acontecimientos que han marcado recientemente la historia de Chipre. Los acuerdos firmados en Zurich y en Londres en Febrero de 1959 entre los representantes de Grecia, Turquía y el Reino Unido, y también por las comunidades griega y turca de Chipre, abrieron el camino a la independencia de la República de Chipre, efectiva desde el 16 de Agosto de 1960. Conforme a la Constitución de 1960, el presidente de Chipre debía ser un chipriota griego, y el vicepresidente un chipriota turco, cada uno elegido por los miembros de su propia comunidad. Ambos disponían de derecho de veto sobre las cuestiones consideradas esenciales, entre ellas las de defensa y asuntos exteriores. Griegos y turcos debían repartirse el ejercicio de las responsabilidades legislativas y gubernamentales, en una proporción del 70% y el 30% respectivamente. Según el censo de 1960 la comunidad griega representaba el 77% del conjunto de la población chipriota, y la comunidad turca el 18’3%. En 1963 los chipriotas griegos propusieron modificaciones constitucionales -rechazadas por los chipriotas turcos- y declararon oficialmente que su objetivo político contemplaba la unión de Chipre con Grecia (Enosis). Como resultado de los violentos enfrentamientos que estallaron entre ambas comunidades en 1963 y 1964, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió, en Marzo de 1964, destacar en Chipre una fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas (FNUC). Dicha fuerza se halla todavía presente en la isla aunque, por razones de carácter financiero, ha reducido considerablemente sus efectivos compuestos en la actualidad por 1.200 hombres. En 1967 la comunidad chipriota turca establecía su propia administración provisional en los sectores de la isla donde los chipriotas turcos eran mayoritarios. El 15 de julio de 1974, la Guardia Nacional Chipriota fue el instrumento de un golpe de estado -organizado por la junta militar de los coroneles griegos contra el presidente chipriota arzobispo Makarios- que triunfó en los primeros momentos. La intervención militar del gobierno turco, escasos días más tarde, puso punto final al golpe. Como consecuencia de la ruptura de las negociaciones de agosto de 1974 -en las que participaban Grecia, Turquía y el Reino Unido, además de las comunidades griega y turca de Chipre- las tropas turcas ocuparon el 37% del territorio en la parte norte de la isla, provocando la emigración de 200.000 chipriotas griegos hacia el sector sur de la isla, y la partición de facto de Chipre en dos zonas separadas por una línea de demarcación. A partir de ese momento se incrementaron los problemas demográficos del país con la política de colonización llevada a cabo con la colaboración de Turquía y de la autodenominada República Turca del Norte de Chipre, una entidad que carece de reconocimiento internacional y que fue establecida unilateralmente por los turcos en 1975. Es a partir de este último año cuando Naciones Unidas desplegó multitud de esfuerzos para tratar de resolver la cuestión chipriota, hecho que permitió concluir en Viena en 1977 y 1979 dos acuerdos de alto nivel que definen las grandes líneas de una solución sobre la base de un sistema federal, aunque tales acuerdos no pudieron llegar a implementarse. A partir de 1992 se produjeron nuevas iniciativas de Naciones Unidas encaminadas a conciliar las posiciones de ambas comunidades. El Secretario General Butros-Ghali propuso un cierto número de medidas de confianza que, en el caso de ser aceptadas por ambas partes, podrían facilitar la conclusión de un acuerdo global auspiciado por Naciones Unidas. Entre los puntos esenciales tales "medidas de confianza" preveían la rehabilitación del sector de Varosha -situada en la zona tapón administrada por Naciones Unidas, y actualmente enclavada en el territorio controlado por la administración turco chipriota- para hacer de tal sector una zona de intercambios comerciales y de contactos intercomunitarios, y la reapertura del aeropuerto internacional de Nicosia tanto al tránsito civil de pasajeros como de mercaderías. Todas las iniciativas iniciativas enumeradas tampoco pudieron desarrollarse y hoy en día la cuestión chipriota continúa siendo un horizonte cerrado, con escasas posibilidades de evolución. Dejando a parte la espinosa cuestión chipriota, los problemas del mar Egeo constituyen otro significativo capítulo del disenso greco-turco. Desde el nacimiento de Grecia como Estado en 1830, la mayor parte de las islas del mar Egeo fueron pasando paulatinamente a su soberanía. Durante la guerra balcánica de 1912-1913 Italia ocupó las islas del Dodecaneso, que estaban todavía bajo la férula otomana, y Grecia se apoderó de las islas situadas al norte y al centro de la parte oriental del mar Egeo. En Febrero de 1914 las seis potencias europeas (Austria-Hungría, Francia, Alemania, Italia, Rusia y el Reino Unido) decidieron por un acuerdo tácito ceder las islas del Dodecaneso a Italia, y el resto de las islas del Egeo a Grecia, con la excepción de Imros, Tenedos y Castellorizo que continuaban bajo soberanía turca, a condición de que todas ellas fuesen desmilitarizadas. El estatuto jurídico de las islas de la parte oriental del mar Egeo fue definitivamente regulado por el Tratado de Lausana firmado en 1923 entre Turquía, Grecia y los Aliados europeos. Tras la II Guerra Mundial el tratado de paz de París de 1947 concedió a Grecia la soberanía sobre el Dodecaneso y sobre Castellorizo. En la actualidad 2.383 islas e islotes se encuentran bajo la soberanía griega, mientras que unas sesenta -situadas en su mayoría en el interior de la zona de tres millas al largo de la costa anatólica- dependen de Turquía. Los gobiernos de Grecia y de Turquía se hallan implicados, desde hace mucho tiempo, en una confrontación respecto al régimen que debe regir el espacio del Egeo, un contencioso que, en todo caso, puede diferenciarse en tres categorías. En primer lugar el que concierne a las islas de Lemnos y de Samotracia. El estatuto de estas islas se fijó en un principio por la Convención sobre el régimen de los Estrechos, firmada en Lausana en 1923. El artículo 4 de dicha Convención imponía la desmilitarización de las islas griegas de Lemnos y Samotracia, como tambien de las islas turcas de Gökçeada (Imros), Bozcaada (Tenedos) y las denominadas islas de los Conejos. Las partes contratantes precisaron posteriormente, en el marco de la Convención de Montreux sobre el régimen de los Estrechos, firmada en junio de 1936, que habían decidido substituir por la citada Convención la firmada en Lausana en 1923. Una vez finalizada la Convención de Montreux los dos países iniciaron una remilitarización progresiva de las islas citadas y, al no cesar de incrementarse los problemas entre Grecia y Turquía a propósito de Chipre, el estatuto de tales islas se convirtió en uno de los temas de disenso para los cuales todavía no se ha encontrado solución. Turquía alega que la Convención de Montreux no ha reemplazado completamente la de Lausana y que autoriza solamente a remilitarizar las islas y los territorios que hayan sido reconocidos como parte del sistema defensivo de los Estrechos. Y añade que la remilitarización de Lemnos y de Samotracia por Grecia no ha sido autorizada por esta misma Convención. Grecia precisa, por otra parte, que la Convención de Montreux substituyó completamente a la Lausana y que cualquier excepción que pueda concernir al estatuto de una isla debería estar expresamente consignada. Grecia además ha puntualizado que tan pronto como se firmó la Convención de Montreux , Turquía reconoció en diversas declaraciones oficiales el derecho a la remilitarización de sus islas en los Estrechos. En este marco de disenso Turquía ha ejercido el veto, en el marco de la OTAN, cada vez que la Alianza Atlántica ha propuesto utilizar Lemnos para fines operativos y cuando ha tratado de incluirla en sus planes de planificación militar. Por lo que respecta a la situación de Lesbos, Chíos, Samos e Icaria, el estatus militar de dichas islas se rigió por el Tratado de Lausana de 1923, que estipula en el artículo 13. 3 que "Las fuerzas militares helénicas en las citadas islas se limitarán al contingente normal, llamado al servicio militar, y también a los efectivos de gendarmería y de policía existentes en el conjunto del territorio helénico". El tratado precisa igualmente que los aviones militares de ambos países tienen prohibido sobrevolar tanto estas islas como las costas turcas, y está prohibido igualmente la construcción de arsenales y de fortificaciones militares. En todo caso la situación ha cambiado de manera radical a partir de 1974, es decir, a partir de la crisis de Chipre y de la ocupación del norte de aquella isla por parte del ejército turco. A partir de la citada fecha se han sucedido numerosas crisis a propósito de la existencia misma y de la plataforma continental de las islas griegas. Por lo que concierne al Dodecaneso, Turquía renunció a sus derechos al aceptar los artículos 15 y 16 del tantas veces citado Tratado de Lausana. Las islas del Dodecaneso fueron cedidas a Italia que, tras la II Guerra Mundial, las cedió a su vez a Grecia. Ese mismo tratado imponía restricciones a la militarización de estas islas, condición que fue respetada por Grecia hasta 1974, o sea hasta la ocupación turca del norte de Chipre. Después de ese momento Grecia ha invocado su derecho inalienable a la autodefensa, tal como estipula el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y ha procedido a una remilitarización de las islas del Dodecaneso. Otra de las cuestiones que implican un importante disenso entre ambos países es su distinta concepción sobre sus aguas territoriales, sobre la plataforma marítima y sobre los espacios aéreos. El artículo 3 de la Convención de 1982 sobre Derecho del Mar precisa que "Todo Estado tiene derecho a fijar la anchura de su mar territorial. Esta anchura no sobrepasa las 12 millas marinas a partir de las líneas de base establecidas conforme a la Convención". Mientras Grecia considera a partir de tales conceptos la zona de las 12 millas como una regla internacional que debe ser aceptada, Turquía en cambio no la reconoce y es absolutamente hostil a cualquier extensión unilateral de las aguas territoriales griegas más allá del límite de las 6 millas actuales. Turquía insiste en el hecho que los límites de las aguas territoriales de ambos países han de ser determinadas según principios que denomina "de equidad". En el Mediterráneo Turquía e Israel son los únicos Estados que no reconocen el principio de extensión de las aguas territoriales más allá de las 6 millas. En todo caso Turquía ha puesto de relieve, de manera oficial, que una extensión de las aguas territoriales griegas más allá de las seis millas constituiría un casus belli entre ambos países. Turquía, en resumen, no reconoce la zona de las 12 millas como regla de derecho universalmente aceptada y ha subrayado que incluso en el caso que el límite de las 12 millas se convirtiera en un principio de derecho internacional común, su aplicación exigiría la explícita aceptación de los diferentes Estados, circunstancia que Turquía evidentemente no contempla. Aún así no puede olvidarse -por lo que implica de palmario contraste con la situación que nos ocupa- que el Protocolo firmado entre Turquía y la URSS el 17 de Abril de 1973 sobre el límite de sus aguas territoriales en el Mar Negro, la frontera entre ambos países se fijaba en la zona de las 12 millas. Finalmente Turquía ha invocado el artículo 300 de la Convención sobre el Derecho del Mar, relativo al abuso de derecho, alegando que no puede aplicarse el principio de las 12 millas en las aguas cerradas o semicerradas, como las que bañan su litoral. En ese sentido entiende que si se hace un uso abusivo de tal principio en el mar Egeo, dicho mar se convertiría, textualmente, en un "lago griego". En noviembre de 1994, con la entrada en vigor de la Convención Internacional del Derecho del Mar, la tensión habitual entre Grecia y Turquía llegó a un punto crítico. Las fuerzas armadas turcas realizaron ejercicios navales en el Egeo, mientras que la flota griega procedían igualmente a hacer maniobras en aguas no muy lejanas. La crispación cedió cuando el gobierno griego declaró oficialmente poco después que la fecha de entrada en vigor de la Convención -y su ratificación por Grecia- no tendría consecuencias inmediatas aunque la república helénica no renunciaba al derecho de aumentar sus aguas territoriales con arreglo al derecho internacional reglado por la Convención. En la actualidad la plataforma continental corresponde a una zona marítima de 200 millas marinas medidas a partir de las costas. Esta zona está atribuida oficialmente a todos los Estados que tengan una fachada marítima. Tales Estados detentan derechos soberanos en materia de exploración, explotación, de conservación y de gestión de los recursos naturales. Dicha zona, denominada igualmente zona económica exclusiva, se ha convertido durante los últimos años en una institución de derecho internacional común. A partir de 1961 Grecia concede permisos de prospección en el mar Egeo al oeste de las islas griegas. Pero a partir de 1973 y 1974 el gobierno turco ha concedido idénticos permisos a la compañía petrolera nacional turca, autorizándola a hacer prospecciones de recursos naturales en zonas que Grecia considera situadas bajo su jurisdicción. El disenso greco-turco consecuencia de la diferencia de criterios respecto a la plataforma continental del Egeo no se ha resuelto todavía. Grecia, por su parte, acudió al Tribunal Internacional de La Haya en 1976, pero aún ante la incomparecencia de Turquía- el Tribunal se declaró incompetente. La Convención de los Derechos del Mar de 1982 especifica que la soberanía de los Estados marítimos se ejerce igualmente sobre el espacio aéreo adyacente a sus aguas territoriales. Pero a diferencia de las reglas que se aplican a los navíos, no existe derecho de paso inocente para los aviones. Según la legislación griega sobre aviación civil de 1931, el Estado ejerce plenamente su soberanía sobre el espacio aéreo adyacente a su territorio, que comprende también las aguas territoriales. Grecia adoptó esta normativa en 1931 extendiendo sus aguas territoriales a diez millas para cuestiones referentes a la aviación y a la policía. Dicha extensión es impugnada, desde 1974, por Turquía que alega que no es compatible con la Convención de Chicago de 1994. Desde el punto de vista turco tanto las aguas territoriales como el espacio aéreo griego no pueden extenderse más allá de seis millas y, en consecuencia, aviones militares turcos penetran frecuentemente en espacios aéreos que los griegos consideran como propios sin previo aviso, creando incidentes en ocasiones graves. En todo caso las cuestiones a las que nos hemos referido constituyen un conjunto de problemas muy interrelacionados y que representan un profundo disenso entre ambos países. Mientras Turquía desea unes negociaciones globales referidas a todas estas cuestiones, Grecia, en cambio, entiende que el único tema a examinar es el de los derechos relativos a los minerales de los fondos marinos, que desea ver regulados por un arbitraje internacional. Nos referiremos, por último, en el largo capítulo de disensos entre Grecia y Turquía, a la situación de la minoría turca (y/o musulmana) en Tracia occidental. Ankara se comprometió por el Tratado de Lausana de 1923 a asegurar la protección de los 200.000 ortodoxos de Istambul, Imros y Tenedos, mientras que Grecia, por su parte, hacía lo propio con los 120.000 musulmanes residentes en Tracia occidental. Dicha terminología reproduce los términos del Tratado, que solamente reconoce la existencia de minorías religiosas, y no reconoce, en cambio, la existencia de minorías nacionales. Los griegos ortodoxos que en la actualidad viven en Istambul, Imros y Tenedos han quedado reducidos -tras diferentes emigraciones- a tres mil personas, mientras que la población "musulmana" de Tracia occidental se cifra entre cien y ciento veinte mil personas. De ellas el 49’9 son de origen turco, el 33’5 búlgaros pomaks y el 16’5 gitanos. Ninguna de las partes ha respetado los términos del acuerdo de Lausana. Por lo que respecta a Turquía el resultado ha sido la emigración masiva -en los términos que se han citado- de la población griega. En lo que concierne a Grecia cabe añadir que la situación no es en absoluto satisfactoria ya que desde hace más de tres cuartos de siglo la minoría musulmana -que debería gozar que debería gozar de derechos y libertades en los ámbitos de la educación, de la gestión de las instituciones y del culto- no puede ejercerlos en la práctica, y se halla sometida frecuentemente a las más diversas presiones. Los turcos de Tracia occidental , agricultores en su mayoría, encuentran serias dificultades para la obtención de permisos de conducir para sus tractores y problemas en la obtención de las autorizaciones necesarias tanto para construir edificios como comprar o vender tierras. Los miembros de esta minoría, por otra parte, no tienen posibilidad de reconocimiento en tanto que "turcos", ya que por el tratado de Lausana únicamente se les reconoce la condición religiosa de "musulmanes". Todo ello ha conducido en el conjunto de la minoría a una clara percepción de marginación. Las posibilidades de dotarse a si mismos de una organización política para la defensa de sus intereses se ha enfrentados con serias dificultades de tipo político y administrativo por parte de las autoridades griegas. En 1989 un miembro de la citada minoría, Ahmed Sadik, consiguió un escaño en el parlamento helénico, aunque posteriormente fue privado de la inmunidad parlamentaria y encarcelado durante algunos meses. Las dificultades que acaban de evocarse -y la actitud generalizada de la población y de las autoridades griegas de considerarlos como una "quinta columna" del ancestral enemigo turco- han conducido a una fuerte emigración tanto hacia Turquía como hacia Europa occidental, especialmente hacia la República Federal Alemana, país en el que encuentran fácil acomodo dentro de los amplios sectores de la emigración turca. En cualquier caso, y pese a les elevadas tasas de natalidad que caracterizan al colectivo, la población turca y/o musulmana de Tracia occidental se halla desde hace décadas en una situación de estancamiento. Solamente durante los último años el gobierno griego -a través de programas de en colaboración con la Unión Europea- ha acometido programas de modernización de una región agraria de perfil poco desarrollado y trata de modificar parcialmente las actitudes inveteradas del funcionariado local y provincial griego. Sin embargo todo ello está todavía muy lejos de situaciones normalizadas, que dependerán de una negociación global entre Grecia y Turquía, y de la superación progresiva de los contenciosos históricos.
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